lunes, 31 de agosto de 2009

Chaco: emergencia sanitaria

Dos años atrás, la situación de emergencia que sufrían las comunidades aborígenes del Chaco se posicionó en el centro de la agenda mediática durante algunos meses. Sin embargo, la grave situación humanitaria continuó su curso, mientras las cámaras viraban su foco de atención.

El entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, promovió en 2007 una demanda contra el Estado Nacional y la Provincia del Chaco ante la Corte Suprema de Justicia para que se detenga el exterminio de las Comunidades Aborígenes Tobas. Luego de la audiencia, la corte instó, en marzo de este año, a ambos gobiernos a elaborar, en un plazo de 30 días, un programa marco para asistir a las comunidades en emergencia.

Sin embargo, según denunció el Centro de Estudios e Investigación Social Mandela, el Programa de Desarrollo de las Comunidades Aborígenes que presentaron en conjunto el Ejecutivo nacional y provincial no contempla acciones inmediatas, sino objetivos imprecisos y plazos inciertos.

A través de un documento titulado "Más que errores, una ilusión", la entidad señaló que el plan contiene datos parciales e imprecisión en los plazos de ejecución. "Si bien en el Programa se fijan metas que deberían ejecutarse durante los meses que quedan de 2009 y durante los años 2010 y 2011, del contexto de la presentación surge que en realidad los objetivos estarían fijados al finalizar el año 2011", indicó la entidad.

El documento señala que "el programa expresa muchas improvisaciones y desconocimiento de la realidad", por lo que anticipa que puede terminar en un "profundo fracaso".

"Es imposible que se reduzca la pobreza e indigencia en la forma presentada como meta por el Programa (30 y 15 por ciento respectivamente) si el mecanismo se va a lograr a través de la reducción del 20 por ciento de las necesidades básicas insatisfechas; es contradictorio", asegura el informe.

Según la entidad, el plan presenta numerosas falencias operativas, por caso, en la lucha contra el mal de Chagas, no se fijaron ciclos de fumigación en el 2009, con lo cual se recaerá en situaciones endémicas más complejas y agudas. En materia de viviendas, el plan prevé cubrir 60 por ciento del déficit habitacional para 2011; sin embargo, "no se tiene desagregada la cantidad de familias indígenas que se distribuyen por Departamentos y no se tienen censados todos los ranchos", indica el documento.

Ante un plan que asemeja "un resultado de especulaciones de algunos aficionados o ilusionistas" la organización reclama que incluya a los protogonistas en la toma de decisiones. Mientras no se lo haga, dice "seguirán elaborándose programas, planes y acciones que de manera parcial abordarán las soluciones de los problemas, pero que en ningún caso significarán la posibilidad concreta de instrumentar soluciones estructurales y de fondo".

El 49,7 por ciento de la población de Chaco, que cuenta con poco más de un millón de habitantes, se encuentra bajo la línea de pobreza según un informe de Idesa (Instituto para el Desarrollo de las Economías Regionales). En tanto, 17,2 por ciento de chaqueños se encuentra bajo la línea de indigencia. 15 mil niños menores de 15 años están desnutridos, mal nutridos o anémicos y la expectativa de vida es de 69 años, seis años inferior a la del promedio del país.
El acceso a la Justicia
Ante este silencioso exterminio, las comunidades aborígenes ven impedido su derecho de acceder a la Justicia, tanto por parte de la justicia ordinaria como la federal.

En un comunicado del diputado nacional Pablo Zancada, señala que "una de las dificultades más importantes es la imposibilidad de acceder a una consulta jurídica, y eventualmente a una defensa pública, cercana, gratuita y de calidad, esto es: con intérpretes y profesionales conocedores del derecho indígena y de la idiosincrasia y cultura de los diversos pueblos".

Por ello, el funcionario mantuvo este mes una entrevista con la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, en la que expresó la necesidad de contar con intérpretes indígenas y con defensores conocedores del derecho y la cultura indígena.

Por Valentina Primo

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