La lucha contra las mineras III

Los vecinos de Ongamira y zonas aledañas aunaron, desde 2003, sus voces en rechazo de la presunta explotación de minería a cielo abierto, en un valle signado por un invaluable patrimonio natural, cultural, histórico, y arqueológico.

Ongamira es un valle serrano que exhala pureza en cada pizca de aire. Allí, es tan nítido el silencio que hasta permite disfrutar de la melodía del viento. Pero este reducto de paz y de historia, situado a 110 kilómetros de Córdoba Capital, en el Valle de Punilla, parece estar en la mira de la compañía francesa Red Mineral Corporation para explotar una mina metalífera a cielo abierto.

Así lo señalaron los vecinos de la zona, nucleados en la organización ¡Ongamira Despierta!, quienes denunciaron ante el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que se han extraído muestras de manera ilegal en busca de metales valiosos, en un proyecto que pretendería explotar 11 mil hectáreas, según señala el diario La Voz del Interior.


La riqueza de este paradisíaco lugar no sólo radica en el patrimonio natural, urdido por la erosión del viento y la lluvia en las rocas rojizas y por su biodiversidad, sino también por la existencia de importantes yacimientos arqueológicos, en los que habitó la cultura Ayampitín, predecesora de los comechingones, hace más de 8 mil años. Allí fue donde estos, atacados por los conquistadores españoles, libraron su última resistencia, sacrificando a sus mujeres y sus hijos -tirándolos desde la cima de la gruta- para luego arrojarse y evitar así ser sojuzgados.

El despertar de Ongamira

En un diálogo con DELTA, Guillermo López, integrante de ¡Ongamira Despierta!, explicó: “Rechazamos la explotación minera metalífera química a cielo abierto porque es altamente contaminante, destructiva, y porque no respeta el patrimonio arqueológico, ni el aire puro, ni el paisaje”.

Desde la ONG, señalan que en la Secretaría de Minería de la provincia hay seis pedidos de cateo y exploración presentados en 2004 y otros siete en 2005 por empresas que presuntamente buscan oro, plata, cobre, plomo o zinc. Por ello, presentaron un petitorio para pedir el acceso a los expedientes, así como también para que se declare Ongamira y los alrededores como zona de exclusión minera de este tipo de minería. “Pero la contestación que nos dieron -afirmó López- fue que era ilegal e improcedente el petitorio porque no hay ninguna mina funcionando aún, con lo cual no nos podían dar ningún tipo de contestación, ni podían abrirnos las puertas a los expedientes”.

Además, manifestaron que si bien se les niega la existencia de dichos pedidos, “en los mapas que tiene la Secretaría de Minería hay toda una serie de minas, algunas ya otorgadas, y otras con pedidos de cateo”, dijo Cristina Posse Brazda, integrante de ¡Ongamira Despierta! y administradora de un emprendimiento turístico. Asimismo, la entrevistada aseguró: “nos dimos cuenta de que el estudio de impacto ambiental -un requisito legal a cargo de la agencia Córdoba Ambiente- sale de Minería; allí lo tienen ya aprobado, y lo mandan a Córdoba Ambiente para que nomás le pongan la firma y salga”, remarcó.

En rigor, en una entrevista con DELTA, la titular de Patrimonio Cultural de la provincia, Josefina Piana, confirmó que la Secretaría de Minería había girado expedientes en los que se solicitaba autorización para cateo y exploración, al área de Patrimonio de la agencia Córdoba Cultura en diciembre de 2006. Ante estos pedidos, Piana aseguró que la agencia se expidió fijando la zona de exclusión minera, “en función de la existencia de yacimientos arqueológicos”, ya que, en virtud del Código Minero, ninguna actividad de explotación de este recurso puede afectar el patrimonio cultural ni natural. Sin embargo, agregó que “esa es una decisión de Secretaría de Minería”, con lo cual dicha declaración no implica un impedimento efectivo para una eventual explotación.

Contaminación a cielo abierto

Federico Kopta, vicepresidente de Fundación Acude, explicó a DELTA las consecuencias de la minería a cielo abierto: “Por un lado, genera contaminación química -que incide en el agua, con soluciones ácidas, soluciones alcalinas, con metales pesados que son tomados de la roca-, también puede haber liberación de particulados que pueden ingresar a los pulmones; además de contaminación sonora, por las explosiones, para poder ir rompiendo las montañas”, advirtió. Además, agregó que utilizan cianuro -que sirve para separar los metales de la roca y luego procesarlo-; y soluciones de ácidos, que después son llevadas a un piletón y van a parar a arroyos que se contaminan completamente. Y, si bien los desechos se pueden llegar a procesar, “lo normal es que queden en ese lugar”.

Por otra parte, el biólogo afirmó que, si bien “los ingenieros siempre van a plantear que hay una solución técnica a la contaminación, lo que no tiene solución es que se agota el agua”, debido al uso masivo a intensivo que se requiere. Guillermo López dijo que son millones de litros cúbicos diarios los que se necesitan para este tipo de explotación, “lo cual sería una catástrofe para este lugar, porque el agua no es lo que sobra, y aunque sobrara, la explotación minera no puede garantizar una no contaminación, no sólo de los ríos, sino de las napas freáticas”, enfatizó.

Y la contaminación llegaría hasta la propia ciudad de Córdoba, debido a que “estas grandes cantidades de agua concentrada generan nubes de metales pesados -nubes tóxicas-, que se desplazan por los fuertes vientos en dirección a la Capital, contaminándola con lluvia ácida”, enfatizó.

Problemas de fondo

Los obstáculos que se interponen a la protección del patrimonio y el ambiente no remiten a un proyecto particular, sino que configuran una red en la que los márgenes de acción se difuminan. En la tercer Jornada de Derecho Ambiental organizada por el Colegio de Escribanos y el Foro Ambiental Córdoba, Gabriel Jarque, de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), afirmó que “En derecho ambiental tenemos una legislación que todavía no abastece como corresponde a este tipo de problemas”, por lo que las corporaciones transnacionales minimizan los gastos en protección ambiental “fundamentalmente” en el tercer mundo, “porque les sale más barato pagar una indemnización acá que adoptar todos los recaudos para producir como corresponde”, aseguró. Asimismo, afirmó que las particularidades del derecho ambiental lo hacen diferente del derecho penal, civil, o administrativo -“¿Quién dice hasta dónde llega el efecto negativo y hasta cuándo persiste?”-.

Consultada por DELTA acerca de las medidas preventivas que puede llevar a cabo dicha Unidad Fiscal, la abogada Dolores Duvergés señaló: “Los ciudadanos tienen la posibilidad de prevenir los delitos ambientales mediante las acciones de amparo, pero acá (en esta Unidad Fiscal) están los delitos que ya han sido consumados conforme a las infracciones a la ley 24.051 de residuos peligrosos, o de conservación de la fauna; o sea que entramos en otro terreno”, con lo cual no se contempla la prevención que estos casos ameritan.

Por otra parte, la conformación de los Tribunales Mineros -los que efectivamente deciden en la materia- exhibe irregularidades que contribuyen a la instalación de empresas mineras sin el menor impedimento. El geólogo Pablo Martínez Carranza, disertante en dicha jornada, relató, con indignación, que estos se integran “con el rezago de profesionales sacados de cualquier órbita”. Y es que no se puede experimentar otra sensación que angustia e indignación luego de un paseo por un valle paradisíaco que podría sucumbir al estruendo de explosiones. Si algo no sucumbe, sin embargo, es aquel espíritu de resistencia comechingón que se respira en ¡Ongamira Despierta!

Por Valentina Primo