Ley contra la minería en Córdoba

La Legislatura de Córdoba sancionó antes de ayer, después de un largo reclamo de organizaciones como “Ongamira despierta” y “Córdoba Ciudad Despierta”, la ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en el territorio de la provincia, siguiendo los pasos que ya dieron Mendoza, La Rioja y Río Negro.

El legislador Marcelo Falo informó a radio Cadena 3 que “esta ley prohíbe toda la actividad minera nuclear; por lo tanto Córdoba no va a tener nunca más explotaciones mineras de uranio”. Además, se prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en todos los procesos minerales metalíferos, “lo que pone a córdoba en la vanguardia en materia de políticas ambientales”, dijo Falo.

Si bien en la actualidad no existen explotaciones de ese tipo en Córdoba, Josefina Piana, titular de Patrimonio Cultural de la Provincia, había confirmado a Delta ya en diciembre del año pasado (ver nota) que la Secretaría de Minería había girado expedientes en 2006, solicitando autorización para cateo y exploración en la zona de Ongamira. Actualmente, según el diario La Voz del Interior, existen 90 pedidos de privados.

Lo habían denunciado el año pasado los vecinos del valle de Ongamira –nucleados en la ONG ¡Ongamira Despierta!- ante el Defensor del Pueblo de la Nación: se habían extraído muestras de manera ilegal en busca de metales valiosos.

El vicepresidente de Fundación Acude, Federico Kopta, explicó a Delta que este tipo de explotación utiliza el cianuro -que sirve para separar los metales de la roca y luego procesarlo-; y “soluciones de ácidos, que después son llevadas a un piletón y van a parar a arroyos que se contaminan completamente”. Esto puede contaminar el suelo y el aire, pero fundamentalmente, “lo que no tiene solución es que se agota el agua”, debido al uso intensivo de la misma.

Así, este modo provoca, entre otras consecuencias, los denominados "drenajes ácidos de Mina", que son el producto de la exposición a roca viva del gigantesco socavón que necesita este tipo de explotación, explicó a Delta Matías Carelli, integrante de la Asamblea “No a la Mina” de Esquel, en 2007. (ver nota)

Finalmente, la ley no se hizo esperar más. A pesar de que algunas voces intentan calificar de alarmistas a quienes defienden los derechos ambientales, la realidad nos demuestra, y de la manera más cruel, que el mundo no admite experimentos para ver si “es que no es tan malo”. Basta con mencionar el calentamiento global como para recordar que los cuidados del mundo no son causa de un grupo de idealistas. La tierra, el aire y el agua no tienen dueño, y las consecuencias de su maltrato no discriminan a nadie.

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Minería en Córdoba

“Córdoba Ciudad Despierta” es un movimiento asambleario, en el que un grupo de vecinos de la ciudad se junta para solidarizarse con la problemática de los vecinos de Ongamira, una pequeña localidad de nuestra provincia.

Esta asamblea de vecinos surge a partir del contacto con diferentes organizaciones, y principalmente con los asambleístas de ¡Ongamira Despierta! (ver revista DELTA mes de diciembre), enterándose y poniéndose en contacto con la situación de la zona.

Es así como convocan a un grupo de amigos para contarles del tema y deciden comenzar a difundir la problemática. Ese es el objetivo principal de “Córdoba Ciudad Despierta”, lograr que todos los cordobeses se interioricen con el tema, que quizás no les toque directamente en la actualidad, pero con el que se verán afectados en un futuro sino se hace algo para frenar y evitar que se autorice la minería en las Sierras Chicas de nuestra provincia. La explotación minera a cielo abierto utiliza un método de explotación del suelo altamente nocivo, con el cual se usan y contaminan 100 millones de agua dulce por día, además de la contaminación del aire.

En la actualidad, esta asamblea está luchando para que se sancione la Ley contra la minería a cielo abierto en suelo de la provincia de Córdoba. Los asambleístas se sienten conformes de cómo se están dando las negociaciones para lograr esta sanción y esperan la pronta concreción de la misma.

Pero este no es el final de su lucha: “Córdoba Ciudad Despierta”, además de ser una herramienta de información, pretende ser una herramienta de presión, para lograr que la lucha se nacionalice, para que todos los argentinos se unan por el bien común. Colaborando con las provincias vecinas que ya cuentan con mineras de estas características en su suelo y, que a pesar de que existen leyes, éstas no se cumplen.

“Zona de sacrificio”

Aunque parezca descabellado, así es como se denomina la zona en las que se instalarán las futuras mineras. Sí, aunque usted no lo crea, los informes de impacto ambiental denominan de esta forma a los terrenos aledaños a la minera.

Esto es lo que sucede en Andagalá, provincia de Catamarca, lugar en el que un pueblo entero del tamaño de Arguello, debe mudarse de lugar ya que la zona será contaminada en los próximos tres meses, al punto de ser inhabitable.

El problema más grave, sin quitarle importancia a la migración de un pueblo entero, es que al ser la contaminación por agua y aire, es difícil determinan cuánto territorio será contaminado, es por esto que las “zonas de sacrificio” pueden ser del tamaño de una provincia. Estas mineras utilizan métodos que para la extracción, en el que manipulan químicos, que luego son arrojados a los ríos, de los cuales utilizan el agua, contaminando millones de litros diarios.

El objetivo de la asamblea es difundir la problemática, hacer que cada cordobés se entere de lo que está sucediendo en otras provincias y que puede suceder en nuestro propio territorio si no hacemos algo. Si te interesa colaborar con la asamblea, podés acercarte todos los jueves, a partir de las 18:00 hs en la plaza de la Identidad, calle Caseros y Obispo Trejo.

Por Georgina Catalano

La lucha contra las mineras III

Los vecinos de Ongamira y zonas aledañas aunaron, desde 2003, sus voces en rechazo de la presunta explotación de minería a cielo abierto, en un valle signado por un invaluable patrimonio natural, cultural, histórico, y arqueológico.

Ongamira es un valle serrano que exhala pureza en cada pizca de aire. Allí, es tan nítido el silencio que hasta permite disfrutar de la melodía del viento. Pero este reducto de paz y de historia, situado a 110 kilómetros de Córdoba Capital, en el Valle de Punilla, parece estar en la mira de la compañía francesa Red Mineral Corporation para explotar una mina metalífera a cielo abierto.

Así lo señalaron los vecinos de la zona, nucleados en la organización ¡Ongamira Despierta!, quienes denunciaron ante el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que se han extraído muestras de manera ilegal en busca de metales valiosos, en un proyecto que pretendería explotar 11 mil hectáreas, según señala el diario La Voz del Interior.


La riqueza de este paradisíaco lugar no sólo radica en el patrimonio natural, urdido por la erosión del viento y la lluvia en las rocas rojizas y por su biodiversidad, sino también por la existencia de importantes yacimientos arqueológicos, en los que habitó la cultura Ayampitín, predecesora de los comechingones, hace más de 8 mil años. Allí fue donde estos, atacados por los conquistadores españoles, libraron su última resistencia, sacrificando a sus mujeres y sus hijos -tirándolos desde la cima de la gruta- para luego arrojarse y evitar así ser sojuzgados.

El despertar de Ongamira

En un diálogo con DELTA, Guillermo López, integrante de ¡Ongamira Despierta!, explicó: “Rechazamos la explotación minera metalífera química a cielo abierto porque es altamente contaminante, destructiva, y porque no respeta el patrimonio arqueológico, ni el aire puro, ni el paisaje”.

Desde la ONG, señalan que en la Secretaría de Minería de la provincia hay seis pedidos de cateo y exploración presentados en 2004 y otros siete en 2005 por empresas que presuntamente buscan oro, plata, cobre, plomo o zinc. Por ello, presentaron un petitorio para pedir el acceso a los expedientes, así como también para que se declare Ongamira y los alrededores como zona de exclusión minera de este tipo de minería. “Pero la contestación que nos dieron -afirmó López- fue que era ilegal e improcedente el petitorio porque no hay ninguna mina funcionando aún, con lo cual no nos podían dar ningún tipo de contestación, ni podían abrirnos las puertas a los expedientes”.

Además, manifestaron que si bien se les niega la existencia de dichos pedidos, “en los mapas que tiene la Secretaría de Minería hay toda una serie de minas, algunas ya otorgadas, y otras con pedidos de cateo”, dijo Cristina Posse Brazda, integrante de ¡Ongamira Despierta! y administradora de un emprendimiento turístico. Asimismo, la entrevistada aseguró: “nos dimos cuenta de que el estudio de impacto ambiental -un requisito legal a cargo de la agencia Córdoba Ambiente- sale de Minería; allí lo tienen ya aprobado, y lo mandan a Córdoba Ambiente para que nomás le pongan la firma y salga”, remarcó.

En rigor, en una entrevista con DELTA, la titular de Patrimonio Cultural de la provincia, Josefina Piana, confirmó que la Secretaría de Minería había girado expedientes en los que se solicitaba autorización para cateo y exploración, al área de Patrimonio de la agencia Córdoba Cultura en diciembre de 2006. Ante estos pedidos, Piana aseguró que la agencia se expidió fijando la zona de exclusión minera, “en función de la existencia de yacimientos arqueológicos”, ya que, en virtud del Código Minero, ninguna actividad de explotación de este recurso puede afectar el patrimonio cultural ni natural. Sin embargo, agregó que “esa es una decisión de Secretaría de Minería”, con lo cual dicha declaración no implica un impedimento efectivo para una eventual explotación.

Contaminación a cielo abierto

Federico Kopta, vicepresidente de Fundación Acude, explicó a DELTA las consecuencias de la minería a cielo abierto: “Por un lado, genera contaminación química -que incide en el agua, con soluciones ácidas, soluciones alcalinas, con metales pesados que son tomados de la roca-, también puede haber liberación de particulados que pueden ingresar a los pulmones; además de contaminación sonora, por las explosiones, para poder ir rompiendo las montañas”, advirtió. Además, agregó que utilizan cianuro -que sirve para separar los metales de la roca y luego procesarlo-; y soluciones de ácidos, que después son llevadas a un piletón y van a parar a arroyos que se contaminan completamente. Y, si bien los desechos se pueden llegar a procesar, “lo normal es que queden en ese lugar”.

Por otra parte, el biólogo afirmó que, si bien “los ingenieros siempre van a plantear que hay una solución técnica a la contaminación, lo que no tiene solución es que se agota el agua”, debido al uso masivo a intensivo que se requiere. Guillermo López dijo que son millones de litros cúbicos diarios los que se necesitan para este tipo de explotación, “lo cual sería una catástrofe para este lugar, porque el agua no es lo que sobra, y aunque sobrara, la explotación minera no puede garantizar una no contaminación, no sólo de los ríos, sino de las napas freáticas”, enfatizó.

Y la contaminación llegaría hasta la propia ciudad de Córdoba, debido a que “estas grandes cantidades de agua concentrada generan nubes de metales pesados -nubes tóxicas-, que se desplazan por los fuertes vientos en dirección a la Capital, contaminándola con lluvia ácida”, enfatizó.

Problemas de fondo

Los obstáculos que se interponen a la protección del patrimonio y el ambiente no remiten a un proyecto particular, sino que configuran una red en la que los márgenes de acción se difuminan. En la tercer Jornada de Derecho Ambiental organizada por el Colegio de Escribanos y el Foro Ambiental Córdoba, Gabriel Jarque, de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), afirmó que “En derecho ambiental tenemos una legislación que todavía no abastece como corresponde a este tipo de problemas”, por lo que las corporaciones transnacionales minimizan los gastos en protección ambiental “fundamentalmente” en el tercer mundo, “porque les sale más barato pagar una indemnización acá que adoptar todos los recaudos para producir como corresponde”, aseguró. Asimismo, afirmó que las particularidades del derecho ambiental lo hacen diferente del derecho penal, civil, o administrativo -“¿Quién dice hasta dónde llega el efecto negativo y hasta cuándo persiste?”-.

Consultada por DELTA acerca de las medidas preventivas que puede llevar a cabo dicha Unidad Fiscal, la abogada Dolores Duvergés señaló: “Los ciudadanos tienen la posibilidad de prevenir los delitos ambientales mediante las acciones de amparo, pero acá (en esta Unidad Fiscal) están los delitos que ya han sido consumados conforme a las infracciones a la ley 24.051 de residuos peligrosos, o de conservación de la fauna; o sea que entramos en otro terreno”, con lo cual no se contempla la prevención que estos casos ameritan.

Por otra parte, la conformación de los Tribunales Mineros -los que efectivamente deciden en la materia- exhibe irregularidades que contribuyen a la instalación de empresas mineras sin el menor impedimento. El geólogo Pablo Martínez Carranza, disertante en dicha jornada, relató, con indignación, que estos se integran “con el rezago de profesionales sacados de cualquier órbita”. Y es que no se puede experimentar otra sensación que angustia e indignación luego de un paseo por un valle paradisíaco que podría sucumbir al estruendo de explosiones. Si algo no sucumbe, sin embargo, es aquel espíritu de resistencia comechingón que se respira en ¡Ongamira Despierta!

Por Valentina Primo

Informe especial

La minería a cielo abierto, el método vigente para este tipo de actividad, implica una depredación de los recursos naturales y un verdadero peligro para la vida. Sin embargo, las consecuencias no concluyen allí, ya que la minera multinacional Barrick Gold podría llegar, en su búsqueda de oro, a volar parte de la Cordillera de los Andes.

El saqueo en Argentina trasciende los límites de la imaginación; inclusive, es capaz de ingeniar inefables métodos para hacer, de aquello que no es rentable, un excelente negocio. Es que la escasez de oro desató una serie de mecanismos perversos, no sólo para obtenerlo, sino también para transportarlo al menor costo. La explotación a cielo abierto, que consiste en dinamitar zonas para obtener el oro diseminado, conlleva una serie de consecuencias irreversibles, tanto a nivel ambiental, como para la vida misma.

Si bien en Mendoza se logró prohibir por ley la minería metalífera a cielo abierto -lo que llevó a dos mineras canadienses a suspender sus inversiones allí- el caso no es más que una excepción. O un ejemplo, si se considera el logro que significó para las asambleas de vecinos de Alvear, que bregan por esto desde hace más de un año y medio, según detalla el diario Día a Día.

A cualquier precio

La avidez por el oro se resiste a cualquier límite, aún la propia vida humana. Debido a que los escasos minerales existentes en el planeta son de baja ley, la industria minera transgrede toda barrera natural para idear un método siniestro. En un artículo publicado en el portal de Rebelión, el periodista y activista Javier Rodríguez Pardo lo explica: “Primero, detecta de manera satelital los yacimientos, aquellos sitios donde hay más concentración de minerales, generalmente diseminados en extensiones kilométricas, y luego aplica un cóctel de sustancias químicas que le permite atrapar el mineral sin importarle secar acuíferos, desviar ríos, destruir glaciares y volar montañas con promiscuidad dinamitera a cielo abierto”.

El integrante del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) y la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) relata que “el mineral de oro y plata es sometido a lixiviación (una especie de lavado) con cianuro de sodio, para luego ir a un circuito de decantación -que separa los minerales ricos-. Este proceso deja un cóctel tétrico de residuos en las altas cumbres donde nacen las aguas de San Juan”. Además explicó que las explosiones “dejan en suspensión, a merced de los vientos, importantes volúmenes de metales y otros minerales, que -inevitablemente- serán respirados: plomo, arsénico, uranio, cromo, zinc, asbesto, mercurio, azufre, cobalto, manganeso y tantos otros, conforme coexistan en el medio explotado, ya que son todos yacimientos polimetálicos”, afirma en un artículo publicado en el 85rtal del Observatorio Latinoamericano de conflictos Ambientales.

En una entrevista con DELTA, Mirta Antonelli, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC), relató que son muchos los proyectos existentes, entre los que citó a Jáchal, Calingasta y Jahuelito. "San Juan es el blanco de rapiña de este tipo de explotación -expresó- y la gran meta es el proyecto binacional Pascua-Lama".

Pascua Lama es un yacimiento que se encuentra en los límites trasandinos, aproximadamente a 150 kilómetros de Vallenar, en Chile, y forma parte del proyecto de la compañía multinacional Barrick Gold, la cual explota en la actualidad el yacimiento de Veladero, también en San Juan. Antonelli explicó que “ya hay una parte del territorio nacional entregado a la minera Barrick Gold: 100 kilómetros del lado chileno y 100 kilómetros del lado argentino ya no son ni chilenos ni argentinos -puntualizó-, están cedidos directamente a la transnacional, con lo cual efectivamente ahí hay un tercer estado que ya no responde al concepto de soberanía".

Es aquí donde entran en juego los cómplices del saqueo. Por que las leyes mineras del país, como relata la profesora universitaria, se firmaron en la década de los 90, “con una enorme y escandalosa política prebendaria: Tienen estabilidad fiscal por 30 años, esto es, tienen garantizado que no le van a subir los impuestos; las regalías que pagan son verdaderamente vergonzosas; no tienen que pagar el IVA durante los primeros años de explotación; no pagan tasas de exportación del oro -porque no lo sacan como oro-; y usan el agua argentina para mezclarla con el cianuro -en el proceso de lixiviación, cuyo filtrado vuelve en un porcentaje más que considerable al filtro en las napas de agua y de hielo-, expresó.

Agua regalada

Precisamente por tratarse de minerales de baja ley, aquel cóctel químico requiere un mayor costo de energía y enormes volúmenes de agua. Pero en virtud del acuerdo binacional firmado, el agua no se les cobra. Rodríguez Pardo puntualiza que en el estudio de Impacto Ambiental de Pascua-Lama dice que la demanda de agua será abastecida desde el río de Las Taguas, en Argentina y que “Barrick dispondrá de los derechos de aprovechamiento según crea necesario" por 20 años, “tiempo que implicará llevarse las reservas, dejándonos las secuelas de los drenajes ácidos, destrucción de la Reserva de Biosfera de San Guillermo, excepcional asiento de todo el ecosistema de las altas cumbres, acuíferos subterráneos, ríos y arroyos, y de toda calidad de vida aguas abajo”, afirma el periodista.

Según indica Diario de Cuyo, Pascua Lama necesitará 146 litros de agua por segundo para todo el proceso industrial y el consumo humano. Mirta Antonelli aseguró que, si Barrick Gold tuviera que pagar el agua, “les saldría más caro que el oro”.

El túnel, y el fin de la cordillera

La reducción de costos al mínimo no se circunscribe al uso gratuito del agua. “Estos señores -dijo Antonelli- no quieren pagar ni siquiera el uso de las rutas, no quieren pagar los peajes ni los costos de traslado, y están dispuestos a perforar la cordillera para salir por el pacífico directamente. Nos vamos a quedar sin la fábrica de agua dulce, que es la cordillera. El proyecto de Barrick es, efectivamente, un túnel de un lado y del otro de la Cordillera, así que la cordillera no les ofrece obstáculos porque están dispuestos a volarla como les haga falta”, expresó.

Este túnel de 4606 metros unirá los dos países para cruzar el material y tratarlo en el sector argentino. Porque, como relata la investigadora, la explotación que se haga en el lado chileno -tanto el material como los desechos- se va a trasladar al lado argentino para ser lavado con agua argentina. “Si bien el tratado es escandaloso, muestra a la vez que Chile ha tenido una política más proteccionista respecto a sus recursos y medio ambiente, porque es un proceso irreversible y los recursos que están en juego no son renovables. La política argentina es suicida, o más bien genocida”, concluyó.

Por otro lado, la declaración jurada -en la que se expone al Estado el material extraído- ese efectuada por las propias empresas, con lo cual “además de que las regalías son mínimas, ellos dicen cuánto se llevan; y además -agrega la profesora- sólo dicen lo que se llevan en oro, sin decir cuánto se llevan en plata y en los demás minerales. Es decir que acá el saqueo es total”.

Contaminación y censura

Antonelli explicó que los ciudadanos sanjuaninos desconocen la magnitud del problema porque San Juan, al igual que el de otras provincias, tiene una estructura política casi feudal, en la que se suceden por generaciones, o por turnos democráticos el mismo núcleo de gente, por lo cual las relaciones de poder que ejercen sobre la ciudadanía es muy fuerte. “Cuando digo ciudadanía también me refiero a los medios de comunicación -dice la investigadora-; hay reportados casos de amenazas a periodistas, y levantamientos de programas de radios. Se impuso una especie de silencio cuidadoso en instituciones públicas, como la propia universidad”. Si bien hay algunos medios alternativos que difunden la información, el modo de circulación es asimétrico. “Es una lucha muy desigual”, finalizó la entrevistada.

El saqueo de los recursos por parte de empresas multinacionales no tendría lugar sin la connivencia nacional. Y, como parte de esta complicidad, la apatía social tampoco queda redimida. Como dice el escritor norteamericano George Steiner, “Somos cómplices de lo que nos deja indiferentes”. En una sociedad que hizo de los sueños una mercancía que se compra por televoto, ¿Alguien sueña con dejar algún futuro para sus hijos?

Por Valentina Primo

Universidad y dependencia

Mirta Antonelli es profesora de Teoría de los discursos sociales II en la Facultad de Filosofía y Letras. En una año académico signado por paros docentes, Antonelli decidió protestar de otra forma: dando una charla sobre las razones que explican el desfinanciamiento de la Universidad y la nula prioridad que se da a la educación. Así, expuso el caso de Barrick en San Juan y su subsidio a la Universidad para explicar cómo “el Estado estaba avalando explícitamente este modelo, que tenía que ver con instuir normativas por las cuales los capitales pusieran la plata para subsidiar investigaciones en Universidades públicas; esto -dijo la profesora- hablaba de una preocupante relación entre producción de conocimiento científico y dependencia económica”. Las estudiantes, tras escuchar la charla, tuvieron, en palabras de Antonelli, “la estimulante respuesta de pedirme que preparara un seminario sobre la problemática de la explotación minera en la Cordillera”. De ésta manera surge el seminario Cómo se construye una supranación, el neo mito de la fundación y la utopía del futuro venturoso, que contó con la presencia del licenciado Adolfo Buffa, titular de Economía Social; Javier Rodríguez Pardo, periodista y activista en movimientos sociales; Miguel Mato, director de Cine Independiente; el doctor Nelson Marcionni, profesor de Derecho Internacional Público e investigador de CONICET; y el doctor Raúl Montenegro, presidente de FUNAM.